El titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato, calificó de preocupante la situación de la Justicia tucumana; en especial, la del fuero penal. A su criterio, esa crisis tiene a la corrupción como principal causa y consecuencia. Y al ministro fiscal, Edmundo Jiménez, como uno de sus arquitectos.

“Algunos planteos de Jiménez dan risa. Se pone a la cabeza de los cuestionamientos como si hubiese salido de un repollo. Por lo que hizo durante su gestión de 12 años como ministro de Gobierno de la Provincia es el gran responsable de todas las carencias estructurales y de medios que tiene la Justicia provincial”, aseveró.

En su paso por Tucumán, Piumato se reunió con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia; con el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo, y con las autoridades del Colegio de Abogados de Tucumán. En diálogo con LA GACETA, consideró remota la posibilidad de una intervención al Poder Judicial tucumano.

- ¿Se habla a nivel nacional de una posible intervención a la Justicia tucumana?

- Yo lo hablé con el ministro de Justicia de la Nación (Germán Garavano). Le dije que considero que las intervenciones no son positivas y me ofrecí como mediador, porque es un escenario que también afectaría a los trabajadores. Tucumán tiene mecanismos institucionales para superar el conflicto.

- ¿Cuál considera que es la causa de la crisis judicial en Tucumán?

- En la Justicia hay un problema serio de corrupción. La escasa cantidad de unidades judiciales genera un desbordamiento de causas que facilita la corrupción. En el desorden, nadie se fija qué causa avanza y cuál no. Por esto hay que enfocarse en dos medidas: combatir la corrupción y crear al menos 10 fiscalías más en el Centro Judicial Capital.

- Usted menciona a Jiménez como responsable de las carencias de la Justicia, y también habla de la corrupción en el Poder. ¿El actual fuero penal fue armado para proteger al poder político?

- La corrupción, en parte, tiene que ver con eso. Aquí no hay inocentes. Pero no siempre tiene que ver con el Gobierno. La actitud que muestra el ministro fiscal, incentivando la intervención, no favorece al actual Gobierno. Habría que ver qué intereses tiene.

- ¿Qué medidas deberían implementarse para mejorar la situación actual del fuero penal?

- A la Corte le planteamos que es necesario realizar una auditoría general, para saber cuál es el estado real de la Justicia penal. Los vocales nos dijeron que realizan investigaciones cada vez que hay una denuncia e incluso mencionaron dos casos (los de los ex fiscales Carlos Albaca y Guillermo Herrera). Pero toda la Justicia penal está cuestionada.

- ¿Qué opina del rechazo de jueces a la planilla de aumento salarial que evalúa la Corte?

- Esta polémica está relacionada con la crisis del fuero penal. Los firmantes de ese planteo al máximo tribunal son, en su mayoría, fiscales penales. Intentan imponer el tema salarial para desviar el eje de atención. No se puede explicar, si no, cómo un juez, que gana salarios exorbitantes, se preocupe porque a los trabajadores se les otorga un porcentaje ligeramente mayor.

- Se reactivaron causas contra ex funcionarios kirchneristas. ¿Qué lectura hace de esta situación?

- Está muy bien que los jueces investiguen, aunque habría que preguntar por qué tuvieron durmiendo esas causas durante tanto tiempo. El pueblo no le perdonará al Gobierno que declame sobre las cosas que encontró al asumir y no haga las denuncias correspondientes, como tampoco a la Justicia si mirara hacia otro lado. Obviamente a los magistrados les cabe investigar en caso de surgir causas que comprometan a la actual gestión.